Según Bankia fue nacionalizada por el gobierno, la entidad, fruto de la fusión de un grupo de Cajas de Ahorro controladas mayoritariamente por el Partido Popular, inició una caída vertiginosa en Bolsa y, sobre todo, en la confianza de sus clientes, que, aterrados, acudieron a sus oficinas a retirar de ellas sus ahorros. Muchos se extrañan de que eso ocurriera precisamente al contar con la garantía del Estado, que en otros casos anteriores de intervención había llevado la tranquilidad a los depositarios, pero lo cierto es que no hay de qué extrañarse: ¿qué garantía puede ofrecer un gobierno incapaz de seguir garantizando la sanidad universal, la educación para todos o el propio procesamiento de los responsables de la quiebra técnica del cuarto banco del país? En efecto; el desplome de Bankia al ser intervenida ha sido, además de una catástrofe para centenares de miles de pequeños ahorradores, un “test” sobre la confianza que inspira el gobierno.
Es verdad que, aprovechándose de las luchas cainitas del PP en el seno de Bankia, de la impericia e irresponsabilidad de los políticos que han venido chupando de ella y de la situación de la economía española, los tiburones de la especulación bursátil han alimentado, en pleno vacío de poder de la entidad tras la espantada de Rato, el pánico entre los accionistas para hincharse a comprar a precios irrisorios, pero también lo es, y principalmente, que esa situación de caos y de desvalimiento del cliente de Bankia (en buena parte jubilados, pensionistas, humildes ahorradores…), ha sido generada por el propio gobierno, que, falto de reflejos y de algo más, ha incumplido con la elemental obligación de explicar pormenorizadamente los detalles de la nacionalización. Qué decir, por lo demás, de la pésima capacidad de comunicar que exhibe la actual dirección del banco, y de lo que parece un insoportable desprecio a los ciudadanos y a sus, en general, modestos patrimonios.
Ahora toca, al parecer, que Bankia suba para empezar a hacerla apetecible a los que acaben comprándola. Entre tanto, ¿cómo lleva la Fiscalía sus pesquisas sobre la monumental estafa de las Participaciones Preferentes?
Puede que, como aseguraban los viejos anarquistas, la propiedad privada sea un robo, pero, incluso así, más lo es robar la propiedad privada sin ofrecer el disfrute de la colectiva, que es, más o menos, lo que está haciendo todavía Bankia con las Participaciones Preferentes, esas inversiones “perpetuas” que, mediante engaños (el principal, ocultar lo de “perpetuas”), suscribieron centenares de miles de pequeños ahorradores. El Gobierno, que se ha hecho con Bankia con el dinero comunal, debería ordenar a sus actuales administradores la inmediata restitución de ese dinero a sus legítimos propietarios, en la seguridad de que, de hacerlo así, no solo dejaría de delinquir por apropiarse de lo que no le pertenece, sino que ese dinero empezaría a moverse, a fluir, favoreciendo con ello el consumo, la inversión, la producción, el empleo, la reducción del déficit y todo lo habido y por haber. Es más; seguramente parte de ese capital, cifrado en unos 4.000 millones, se quedaría en la propia Bankia, que habría dado, al devolver lo que no es suyo, muestras de ser de nuevo digna de confianza, contribuyendo con ello al reflote de la entidad y al estímulo del crédito que volvería a estar en condiciones de ofrecer.
La cosa, ciertamente, está muy mala, usureros y especuladores se han hecho con el poder en Europa con unos cuantos golpes de estado, de estados, el gobierno colectiviza las pérdidas de la banca para asegurar la privatización de los futuros beneficios, pero al alivio de ese sindiós no contribuye, sino antes al contrario, el “corralito” en el que han escondido, porque se ve que se lo han gastado en aeropuertos sin aviones, en bigotes, correas y urdangarines, los ahorros de toda una vida de la gente que, a diferencia de los gestores que han llevado a la quiebra técnica a Bankia, es, la mayoría, honrada.
Ordene el Gobierno, pues, la restitución a sus dueños de esa propiedad privada y nada “perpetua” (en este mundo no hay nada perpetuo) que son las Participaciones Preferentes, y sepa que con la ejecución de esa orden dará un respiro a la propiedad colectiva, tan necesitada.
Grecia tiene un problema fundamental, los griegos, pero ésto es casi lo único que la emparenta con España, con Rusia, con Argentina o con Indonesia, cuyo problema fundamental es, respectivamente, los españoles, los rusos, los argentinos y los indonesios. Todos los países del mundo tienen el mismo problema fundamental, sus nacionales, pero Grecia tiene otros dos que, aunque algo más coyunturales, son los que salen en los periódicos: su desastrosa economía y el partido nazi Aurora Dorada que acaba de sentar a 21 de los suyos en el nuevo Parlamento de Atenas.
Muy mal tiene que andar Grecia, en efecto, para que medio millón de griegos, el 7 por ciento del electorado, se haya decantado abiertamente por una banda de facinerosos, cual demostraron ser en la primera rueda de prensa que ofreció su cabecilla, Nikolaos Mijaloliakos, tras el, para ellos, espléndido resultado electoral: obligaron a los periodistas a ponerse en pie, en señal de sumisión, cuando el tal Nikolaos entró en la sala de prensa, y a los pocos que se negaron, los matones les sacaron a empujones del recinto. Muy mal, mucho peor de lo que sugieren sus indicadores económicos, debe andar un país europeo, otrora cuna de la civilización, cuando, tras el alucinante suceso descrito, la policía no se personó en el lugar ni detuvo a esos epígonos de los mayores genocidas del siglo XX.
Es cierto que el pasmo, el estupor que les produjo a los informadores la orden de levantarse, expresada en los brutales e imperativos términos que vemos en el vídeo que pasaron los noticiarios de la televisión, provocó que la mayoría de éstos se sometieran a ella, pero no lo es menos que el hecho de que lo hicieran, aunque sólo hubieran sido un par de ellos, revela un aspecto del estado, del lamentable estado, de la profesión. Ese, permítaseme la expresión, acojonamiento de los periodistas ante Aurora Dorada y su caudillo, habla, empero, no tanto de su cobardía como de su desamparo institucional, laboral y social, un desamparo que describe bien, por lo demás, el desamparo de la sociedad. Ocurrió en Grecia. Aquí al lado.
Lo mismo a los empleadores y a los caseros que explotan a los inmigrantes “irregulares”, sin papeles, se les retirará también la tarjeta sanitaria, bien que en éstos casos la de la sanidad privada que seguramente disfrutan. Así, cuando menos, el común desamparo igualaría lo que el Gobierno de Rajoy se empeña, con ceguera suicida, en desigualar absolutamente. De paso, también podría retirarse la dicha tarjeta, cuya posesión, por cierto, cada vez vale menos, a los políticos y a los funcionarios que por interés, negligencia, desidia o incompetencia, o por las cuatro cosas juntas, transigen con la existencia de tantos cientos de miles de residentes en situación “irregular”.
Por un elemental principio humanitario, a nadie puede negarse la atención médica si la requiere, si bien hablar de humanidad en relación a la actual política del Gobierno sería como hablar de urbanidad en relación a José Mourinho. Si prospera ese atentado contra la esencia misma de la civilización, que no es otra que la vinculación afectiva y solidaria de cuantos componen la sociedad para la supervivencia de la misma, no sólo perpetraría el Gobierno un delito gravísimo contra la salud y la vida de las víctimas de la dicha incautación, sino que también pondría en serio riesgo la salud del resto de la población por razones fáciles de entender. A menos que se pretenda rematar con ello el plan, tan en el imaginario profundo del PP, de establecer una división radical de clases, de castas (señoritos, ciudadanos de segunda y esclavos), lo de castigar a los inmigrantes sin papeles a entendérselas como puedan con la enfermedad es, más que un disparate, que lo es y en grado sumo, un delito de lesa humanidad.
Otra cosa, muy distinta, sería la de racionalizar de una vez por todas, y porque no hay más remedio, la política de inmigración. Si no hay manteca, y ninguna para repartir, habrá que restringir la estadía de extranjeros que, en puridad, no van a encontrar aquí trabajo ninguno, pero en tanto eso no se aborde, aquí no hay nadie, en lo tocante a los derechos humanos, más “irregular” que nadie, a excepción tal vez, por las cosas que hace, del propio Rajoy.
Mariano Rajoy ganó las elecciones prometiendo crear puestos de trabajo. De momento, ya lleva destruidos más de medio millón. A lo mejor es que piensa, como los antiguos anarquistas, que para crear hay que destruir primero. En todo caso, ¿cómo pensaba crear empleo?
¿Diciéndolo? Para ganar a Zapatero, que en las postrimerías de su segundo mandato estaba hecho unos zorros, no era necesario que engañara a nadie, y mucho menos que jugara con el pan y con la esperanza de millones de españoles. Lleva Rajoy en el gobierno unos pocos meses, y ya se ha perdido la cuenta del número de familias españolas que no tienen a nadie trabajando.
Aun siendo complicada la reactivación del mercado laboral en las actuales circunstancias, no lo es tanto como pretende hacer creer el gobierno. Cualquiera puede ver dónde radica, en gran medida, esa supuesta insuperable complicación: la única caja abierta en las grandes tiendas, ante la que hacen cola interminable los clientes, alude al “ahorro” del sueldo de tres o cuatro cajeras por parte del empresario. Multiplíquese y, de paso, échese un vistazo al monto de sus beneficios, buena parte de los cuales, en algunos casos, marcha cada día al extranjero. Ese sencillo ejercicio de observación que cualquiera puede hacer, en la seguridad de que habrá de conducirle a una pista fiable, puede extenderse a cualquier área del comercio y de la producción. Si Rajoy se propusiera de verdad la creación de puestos de trabajo, obligaría amablemente a los empresarios a efectuar contrataciones en función de los beneficios, mediante un baremo que podría diseñar cualquier chiquillo de bachillerato. Hasta ahora, lo único que se la ha ocurrido es, asombrosamente, facilitar el despido de los pocos que conservan su trabajo.
No sería tan difícil, aunque sí, tal vez, contrario a las ideas del actual gobierno, deslindar el terrible problema del paro, que exige resolución inmediata, del de la situación económica general, que lo mismo no tiene arreglo sino a medio o largo plazo. Se trata de repartir un poco, los que tienen más a los que menos tienen, para sobrevivir como nación, y no como jungla.
Seis leyes orgánicas estatales y 17 sistemas autonómicos no han conseguido en los últimos 25 años mejorar la Educación en España, pese a pretenderlo teóricamente. La falta de recursos materiales ha estado, no es preciso decirlo, en el origen de ese fracaso, así como la del talento en los caletres de quienes desde sus responsabilidades políticas lo han bruñido, pero ¿qué no ocurrirá de aquí en adelante, con muchos menos recursos todavía y el talento gubernamental justito para seguir escatimándolos? O dicho de otra manera: si cuando había perras y se destinaban unas cuantas a la instrucción pública, ésta era mala con avaricia, ¿cómo será a partir de las brutales mermas que anuncia el gobierno? Lo que no se entiende es que alguien acepte la cartera de Educación, y lo primero que haga sea, en vez de defenderla a muerte, miserabilizarla a conciencia.
La Educación en España, que tradicionalmente nos ha situado, por deficiente, en el furgón de cola de las naciones civilizadas, necesitaba una reforma, pero también más dinero. De tanto usar el gobierno del PP la palabra “reforma”, acabará habiendo alguien que se crea que reformar algo es cargárselo, pero lo cierto es que para reformar cualquier cosa, como bien saben aquellos que se meten en el dantesco aquelarre de arreglar el baño o la cocina, se necesita una pasta. Obviamente, el plan de Wert no reforma nada, sino que sustrae recursos, hacina a los escolares, machaca a los docentes, ahonda en la desidia institucional, establece el copago o repago con el aumento de las tasas universitarias, y contribuye poderosamente a establecer esa sociedad de ricos y pobres, de amos y esclavos, de masas ígnaras y élites pijas a la que al parecer aspira el Partido popular.
Lo razonable sería, para sacar a España y a los españoles del actual marasmo, potenciar la Educación, la Instrucción Pública, que es y será siempre un valor personal y nacional seguro, y desde luego más necesario para la prosperidad y el bienestar de la gente que el turismo o la especulación. Las luces alumbrarían el camino que hoy se presenta espantable y lóbrego, pero éstos que han llegado me parece que quieren la linterna para ellos solos.
